El Derecho Público Vs la Cooperación Internacional en situaciones humanitarias y el Principio de Solidaridad como norma rectora.

 Fotografía: Vafranco

El análisis entre el Derecho Público (centrado en la ley estatal y la soberanía) y la Cooperación Internacional en situaciones humanitarias (centrada en el socorro universal y los derechos humanos) representa uno de los debates más complejos del derecho internacional contemporáneo.

1. El Conflicto de Principios Centrales

Dimensión	Derecho Público (Marco Estatal)	Cooperación Internacional Humanitaria
Principio Guía	Soberanía estatal e integridad territorial (Art. 2.7 de la Carta de la ONU).	Humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia (Res. 46/182 ONU).
Objetivo	Proteger el orden constitucional, la seguridad nacional y regular la jurisdicción interna.	Proteger la vida, la dignidad y aliviar el sufrimiento de las personas vulnerables.
Fuente de Autoridad	Constitución nacional, leyes administrativas, aduaneras y de policía.	Convenios de Ginebra, Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Tratados de DD.HH.

2. Puntos de Tensión en Emergencias Humanitarias

El choque entre ambas esferas se manifiesta principalmente en tres áreas operativas:

A. Soberanía vs. Acceso Humanitario (El Dilema del Consentimiento)

• El enfoque del Derecho Público: El Estado require que cualquier actor o ayuda extranjera cuente con su consentimiento explícito para ingresar al territorio.

 

• El desafío humanitario: Si un Estado deniega arbitrariamente el acceso a la ayuda durante una crisis (guerra o desastre natural), el DIH establece que el Estado no debe denegar injustificadamente la asistencia vital a la población civil.

B. Regulaciones Domésticas vs. Agilidad de la Ayuda

• Control Aduanero y Migratorio: El Derecho Público exige visados, registro de ONGs, inspección de bienes e impuestos de importación.
• Urgencia Operativa: Los trámites burocráticos excesivos pueden demorar insumos de emergencia (medicamentos, equipos de rescate) en momentos críticos donde el tiempo salva vidas.

C. Seguridad Nacional vs. Misiones de Socorro

• Neutralidad Humanitaria: Los organismos internacionales requieren atender a las víctimas sin importar bajo qué control territorial se encuentren, lo que a veces genera tensiones legales con el gobierno central.

 

3. Puntos de Encuentro y Equilibrio

Para evitar la parálisis durante las crisis, el derecho internacional ha desarrollado mecanismos de articulación:

1.     Consentimiento del Estado como Regla General: La Cooperación Internacional opera en primera instancia bajo el marco del Derecho Público del país receptor, apoyando sus capacidades nacionales.

 

2.     Responsabilidad de Proteger:  Si un Estado no puede o no quiere proteger a su población de crímenes atroces o emergencias extremas, la comunidad internacional puede intervenir legítimamente bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

 

 

3.     Mecanismos de Exención en Emergencias: Muchos Estados incorporan en su Derecho Público cláusulas de excepción para agilizar trámites aduaneros y migratorios al declarar "Estado de Emergencia" o "Desastre Nacional".

 

Del Principio de Solidaridad como norma rectora

En Colombia, el principio de solidaridad está consagrado principalmente en el Artículo 1 de la Constitución Política de 1991, así como en el Artículo 95.

 

1. Fundamento Constitucional Principal

Artículo 1 (Como Principio Fundacional)

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, autonómica de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general."

 

En este artículo, la solidaridad se establece como uno de los pilares axiológicos sobre los cuales se construye todo el Estado colombiano.

2. La Solidaridad como Deber Ciudadano

Artículo 95, Numeral 2 (Como Deber Constitucional)

"Son deberes de la persona y del ciudadano:

[...] 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;"

Aquí la solidaridad deja de ser solo un concepto abstracto del Estado y se convierte en una obligación jurídica y ética para todos los habitantes del territorio nacional.

3. Implicaciones Legales y Aplicación

La Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente este principio, aplicándolo en áreas clave como:

• Seguridad Social (Art. 48): Justifica la redistribución de recursos para que personas de mayores ingresos o capacidad contributiva subsidien el acceso a la salud y pensiones de los sectores más vulnerables.
• Gestión de Riesgos y Desastres: Exige el apoyo mutuo entre ciudadanos y autoridades durante emergencias comunitarias o ambientales.

 

Que ha dicho la Corte constitucional de Colombia

 

La Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado una amplia y sólida jurisprudencia sobre el principio de solidaridad en materia humanitaria, entendiéndolo no como una simple invitación ética o acto de caridad, sino como un deber jurídico de carácter constitucional vinculante tanto para el Estado como para los particulares.

El alto tribunal ha estructurado su doctrina en esta materia en cuatro ejes centrales entre ellas:

 

Naturaleza Jurídica:

La Corte ha señalado que el principio de solidaridad (Arts. 1 y 95 C.P.) en contextos de vulnerabilidad cumple tres funciones:

• Pauta de comportamiento: Exige a los individuos y a las instituciones actuar en auxilio de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta o emergencia.
• Criterio de interpretación: Los jueces deben interpretar las normas privilegiando aquellas soluciones que protejan la dignidad humana y el mínimo vital de quienes sufren una crisis humanitaria.
• Límite a los derechos propios: Impide que los derechos individuales de propiedad, libertad de contratación o autonomía administrativa se ejerzan de forma egoísta impidiendo el auxilio a personas en riesgo vital.

 

Aplicación a Poblaciones en Crisis Humanitaria

Víctimas del Conflicto Armado y Desplazamiento Forzado

Desde la emblemática Sentencia T-025 de 2004 (que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento) y en fallos recientes (como las Sentencias T-089 de 2021 y T-201 de 2023), la Corte ha establecido que:

• La entrega de la atención y ayuda humanitaria de emergencia es una concreción directa del principio de solidaridad y un derecho fundamental para garantizar la subsistencia mínima.
• Las barreras burocráticas no pueden excusar la omisión de ayuda inmediata a quienes han sufrido despojo o violencia.

Desastres Naturales y Emergencias Sanitarias

La Corte ha recordado que el deber de solidaridad obliga al Estado y a la sociedad a concurrir mediante alivios económicos, albergues temporales y subsidios cuando la población enfrenta emergencias climáticas o sanitarias, garantizando siempre el derecho a la salud y a la vivienda digna.

• Los particulares, empresas y la sociedad civil tienen la obligación correlativa de colaborar en la tarea de superación de las emergencias humanitarias (por ejemplo, los empleadores frente a la seguridad social de sus trabajadores en crisis o los ciudadanos en el apoyo comunitario).

En síntesis.

Para la Corte Constitucional, el principio de solidaridad en materia humanitaria es la herramienta jurídica que conecta la dignidad humana con la justicia redistributiva. Exige que tanto las autoridades públicas como los ciudadanos prioricen la protección de la vida y la salud de las personas en condición de extrema vulnerabilidad por encima de cualquier formalismo legal.