
Fotografía: Presidencia de la Republica _ Joel Gonzáles
Las
consultas populares en Colombia tienen sus raíces y un desarrollo significativo
a partir de la Constitución
Política de 1991, la cual amplió los mecanismos de
participación ciudadana en el país. Antes de esta Constitución, la
participación directa del pueblo en las decisiones políticas era más limitada.
Aquí te presento los
antecedentes y la evolución de las consultas populares en Colombia:
Pre-Constitución de 1991: Una
participación más restringida
Antes de 1991,
si bien existían algunas formas de expresión popular, los mecanismos de
participación ciudadana directa como la consulta popular no estaban tan
robustamente desarrollados o explícitamente consagrados en la constitución. El
sistema político colombiano se caracterizaba por una democracia representativa,
donde el Congreso y el Presidente eran los principales actores en la toma de
decisiones.
Constitución Política de 1991: El
surgimiento de la democracia participativa
La Constitución de 1991
marcó un hito fundamental al establecer a Colombia como un Estado Social de
Derecho de carácter participativo. Con esta nueva Carta Magna, se introdujeron
y fortalecieron diversos mecanismos de participación ciudadana, buscando
acercar las decisiones del Estado a la voluntad popular. Entre estos mecanismos
se encuentran:
- El
voto: El mecanismo por excelencia para elegir
representantes.
- El referendo: Para aprobar o rechazar un proyecto de norma jurídica o derogar una ya vigente.
- El plebiscito: Un pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente para apoyar o rechazar una decisión del Ejecutivo
- La consulta popular: Se convoca al pueblo para que decida sobre un asunto de vital importancia.
- La iniciativa legislativa o normativa: Permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley, ordenanza o acuerdo.
- La revocatoria del mandato: Permite a los ciudadanos dar por terminado el mandato de un funcionario elegido popularmente.
- El
cabildo abierto: Una reunión pública de los
concejos distritales o municipales, o de las juntas
administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar
directamente para discutir asuntos de interés para
la comunidad.
La
Ley 134 de 1994 desarrolló y reglamentó estos mecanismos de
participación ciudadana, incluyendo la consulta popular.
Desarrollo y uso de las consultas
populares
A
lo largo de los años, las consultas populares han sido utilizadas en Colombia
en diferentes niveles (nacional, departamental, municipal, distrital o local)
para diversos propósitos.
- Definición
de límites administrativos:
Históricamente, las consultas populares se han utilizado para definir los
límites administrativos de los municipios.
- Temas
ambientales y mineros: Un
uso significativo de las consultas populares en años recientes ha sido en
la oposición a proyectos de exploración y explotación minera y petrolera.
Varios municipios han realizado consultas populares para decidir si permiten o no estas actividades en su territorio, a menudo con resultados mayoritariamente en contra de la industria extractiva. Ejemplos notables incluyen consultas en Piedras (Tolima), Cajamarca (Tolima), y varios municipios en Santander como Sucre, Jesús María y Pijao (Quindío).
Consultas nacionales: Si bien son menos comunes, también se han presentado iniciativas de consultas populares a nivel nacional. Un ejemplo relevante es la Consulta Popular Anticorrupción de 2018, que buscaba que la ciudadanía se pronunciara sobre diversas medidas para combatir la corrupción. Aunque las propuestas obtuvieron un alto porcentaje de votos a favor, no alcanzaron el umbral de participación requerido para ser vinculantes por sí solas, lo que llevó al entonces presidente Iván Duque a presentar las propuestas al Congreso.
Consideraciones y desafíos
A pesar de su
importancia como mecanismo de participación, las consultas populares en
Colombia han enfrentado desafíos. Uno de los principales es el umbral de participación
requerido para que los resultados sean vinculantes, que en muchos casos no se
ha logrado. Esto ha generado debates sobre la efectividad real de estas
herramientas y la necesidad de revisar sus requisitos. Además, ha habido
tensiones entre las decisiones de las consultas populares locales y las
políticas o intereses nacionales, especialmente en el ámbito de la minería.
En
resumen, las consultas populares en Colombia pasaron de ser una herramienta
prácticamente inexistente a un mecanismo fundamental de la democracia
participativa a partir de la Constitución de 1991, con un impacto creciente en
la toma de decisiones, especialmente a nivel local en temas ambientales.
Que motivo al presidente Gustavo Petro promover la
consulta popular?
Fotografía:
Presidencia de la Republica_ Cristian Garavito
Plaza de San Francisco Cali
El presidente Gustavo Petro
ha promovido una consulta popular en Colombia, principalmente, motivado por los
obstáculos que han enfrentado sus reformas sociales en el Congreso de la
República, especialmente la reforma laboral.
Petro busca un mecanismo
de participación ciudadana directa que le permita avanzar en la
construcción de un país con mayor equidad y garantías sociales, al considerar
que el Congreso ha "hundido" o retrasado sus iniciativas.
Los objetivos principales
de esta consulta popular son:
- Darle voz al pueblo sobre temas de trascendencia nacional,
especialmente aquellos relacionados con los derechos laborales y la
seguridad social.
- Fortalecer el respaldo ciudadano a sus reformas propuestas, utilizando el
resultado de la consulta como una forma de legitimar las decisiones del
Gobierno y marcar la dirección de estos cambios.
- Impulsar la aprobación de sus reformas, en particular la reforma laboral, que busca
mejorar la estabilidad laboral, fortalecer los derechos de los
trabajadores y regular las condiciones de contratación. Las preguntas de
la consulta están relacionadas con aspectos como la jornada laboral, el
pago de recargos, la formalización laboral de trabajadores informales,
entre otros.
En resumen, la consulta
popular es vista por el gobierno de Petro como una estrategia para sortear
la resistencia legislativa y obtener un mandato directo de la ciudadanía
para implementar sus propuestas de cambio social y económico.
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